Desde la izquierda y la derecha, hay pronunciamientos a favor y en contra de la decisión de las tecnológicas Twitter, Facebook e Instagram, de cortar, suspender o restringir, temporal o permanentemente, la libre expresión de un usuario, en este caso, del presidente de EU ¿Debieron hacerlo o no?¿Podían hacerlo o no? Tenido en cuenta la repercusión política de las irresponsables e incendiarias declaraciones de Trump, que culminaron en el asalto de parte de sus partidarios, a la sede de la soberanía y la democracia estadounidense, pienso y aplaudo la decisión tomada; sobre todo por el rol cada vez más creciente de las redes sociales en la movilización ciudadana, para bien o para mal. Creo, como muchos, que hubo razón y motivos razonables y suficientes para hacerlo, desde el punto de vista ético, desde el consenso social democrático occidental; pero aún así, no deja de ser controversial.
Esa conducta de Trump, es políticamente censurable y sancionable, y tal vez hasta judicialmente, pero cabría preguntarse, de si a las tecnológicas les asiste el derecho o no, como sujeto, para regular o restringir la libertad de expresión, ya no solo de Trump, si no de cualquier internauta. Hoy ha sido por una buena razón, de bastante consenso, pero mañana podría ser por la autoridad que le da el monopolio tecnológico y bajo un criterio moral, político o ideológico muy personal de sus dueños. Hoy, no existe legislación alguna que les prohíba o regule el "quien vive y quien no" en las redes; y aunque sus dueños y accionistas, son tan dueños y accionistas como los de los medios tradicionales de comunicación, no están sujetos a la misma legislación; y ni siquiera los internautas. Existe un limbo o vacío jurídico, que los mantiene a los dueños, por encima del bien y el mal; y en menor medida, también a los internautas
Como siempre ha sucedido, la tecnología precede a la moral social y al derecho. En esta era, de 3ra a 4ta revolución industrial, la tijera se ha abierto total, y descontroladamente a favor de las tecnológicas, planteando dilemas e interrogantes como la relación entre automatización-robotización y creación de empleo; entre la disminución de este último y la formación y aseguramiento del fondo de pensiones, de la seguridad social; entre los beneficios empresariales globales y los impuestos nacionales que deben pagar estas empresas; entre producción-desarrollo y su sostenibilidad y sustentabilidad; y entre la frontera física, material del derecho y la virtual; etc., etc.; pero ahora, me referiré sólo a lo relacionado con la libertad de expresión.
Existe cierto consenso social en que, la libertad de expresión termina cuando de forma premeditada y reiterada se atenta contra la integridad moral de una persona, familia o colectividad; cuando se exalta e incita al odio y a la violencia; cuando se llama a la sedición y la rebelión, pero aún así, en este último caso, hay constituciones que recogen este derecho como opción lícita del pueblo, para defenderse de una dictadura sangrienta o impuesta por la fuerza. Sin embargo, la mayoría de las aberraciones y enajenaciones de la libertad de expresión, no están refrendadas en ley; y si existieran en algún país, no dejan de ser ambiguas en cuanto a margen de interpretación, como sucede con la mayoría de los principios constitucionales desarrollados en leyes. Y yo pregunto, ¿Qué se entiende realmente por odio y por su incitación? ¿Odio político, racial, religioso, de género, o de todo tipo?¿Qué se entiende por violencia, por su incitación y exaltación, por sedición y sublevación?¿Cuando, en ambos casos, son sancionables, o juzgables, o no?
Tal vez esta decisión, de suspender la cuenta de Trump en redes, de un pie forzado para la discusión y búsqueda de consenso, a nivel internacional, sobre el marco administrativo, político y judicial, donde se mueve y se protege la libertad de expresión; sin que en ningún caso, ningún ciudadano llegue a sentirse coaccionado, amordazado, amenazado o aislado mediáticamente para, ejercer su libre derecho a criticar, a manifestarse públicamente, y exigir respuestas a todas las instituciones publicas y privadas que transgredan ese derecho sagrado. Las tecnológicas no deben y pueden tomar la justicia por sus manos"; como tampoco muchos diarios, y cadenas televisivas y de radio, que mienten impunemente, que linchan mediáticamente a políticos, líderes, o a personas molestas; y manipulan la información, borrando los límites entre la información d e los hechos y la opinión. La libertad de expresión, símbolo y base de la democracia occidental, necesita ya, de un enfoque transversal, integral y garantista, en su interacción dialéctica entre derecho y responsabilidad
